El fiscal general y la defensora general hicieron un balance de sus seis años de gestión ante la Legislatura de Santa Fe. Coincidieron en un incremento en el delito y en la cantidad de presos
El fiscal general Jorge Baclini y la defensora general Jaquelina Balangione, ambos salientes del cargo, presentaron este martes su último informe ante la Legislatura santafesina, en la que solo estuvieron los diputados, ya que no se hizo presente ninguno de los 19 senadores departamentales. Entre los datos salientes está la baja en la tasa de esclarecimientos de homicidios y la duplicación de la población carcelaria en tiempos de constante suba de delitos.
Durante su alocución, el funcionario judicial informó: "Para 2002 eran 216 casos los de homicidios dolosos en la provincia. Ahora estamos en el doble con 408 casos. Rosario tiene el 70 por ciento de los homicidios de toda la provincia. Esa cantidad de casos de homicidios dolosos la incidencia de armas de fuego fue fundamental. En Rosario casi el 90 por ciento fueron causados por arma de fuego".
En ese contexto de incremento de asesinatos también señaló que bajó la tasa de esclarecimiento de ese delito, ya que en 2019 fue del 62 por ciento y el año pasado fue de 41,4 por ciento. Puntualmente en Rosario, el índice de esclarecimiento de crímenes del año pasado fue de 33,1 por ciento.
"Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener. Porque con el incremento que tenemos en los últimos años vamos a exceder la capacidad de poder mantenerlos. En 2022 tuvimos 9.350 presos. Actualmente, tenemos más de 10 mil presos en la provincia. En 2014 cuando arrancó el nuevo sistema procesal en la provincia había 4.560 presos. El año previo, 2013 (antes del comienzo del modelo de juicio oral) teníamos 5.025 presos. El incremento desde entonces fue del 90 por ciento de detenidos", sostuvo luego.
En términos porcentuales, Baclini detalló que cuatro de cada diez personas están en cárceles por robo, un 22,2 por ciento por homicidios dolosos, un 17,2 por ciento por delitos sexuales y un 15 por ciento por portación ilegal de arma de fuego.
Por otra parte, el saliente fiscal general también apuntó que fue “casi un golpe de nocaut” el régimen disciplinario que se otorgó la Legislatura para sancionar a fiscales. “Hace falta una reforma constitucional, pero si hubiera voluntad de un gobernador se podría crear un Consejo de la Magistratura provincial, plural”, subrayó.
Baclini también subrayó “la necesidad de un acuerdo político-institucional de los tres poderes del Estado para sentar las bases de un plan provincial de política criminal en el que se establezcan estrategias claras y a largo plazo para combatir el delito”.
“No se puede desconocer que los indicadores de inseguridad y de violencia social que ostenta de Santa Fe plantean un alerta innegable. Urge intentar revertir algunos focos problemáticos que, en este momento histórico, tienen su epicentro en los grandes centros urbanos de la provincia, fundamentalmente, en Rosario. Aunque la prevención no es tarea del MPA, hemos asumido el compromiso y la obligación de participar activamente en las distintas instancias de articulación institucional que se convoquen para afrontar la grave situación actual”, añadió.
Antes de la exposición de Baclini fue el turno de la defensora general Jaquelina Balangione, quien aseveró que “hoy no hay igualdad de armas entre la Defensa y el MPA”. Además, apuntó que la mitad de los presos de Coronda no terminó la escuela primaria y hay solo 50 plazas para estudiar. Destacó también que a diciembre pasado, el 62 por ciento de la población carcelaria tenía condenas y el 38 por ciento estaba en prisión preventiva.
Según publicó El Litoral, Balangione remarcó que en las cárceles provinciales no hay acceso a educación, a salud ni a una alimentación adecuada. En ese marco, instó a los legisladores a trabajar en fortalecer la Defensa.
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