El gobierno de Netanyahu busca aplacar la nueva escalada de violencia en la región y despliega también tropas sobre terreno para reforzar la seguridad
El endurecimiento de medidas punitivas contra palestinos implicados en ataques y su entorno son parte clave de la estrategia del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu para aplacar la nueva escalada de violencia en la región, mientras despliega también tropas sobre terreno para reforzar la seguridad.
Tras una primera reunión el sábado a la noche, el Gabinete de Seguridad israelí se encontró de nuevo este domingo para perfilar su plan de actuación ante el repunte de tensión actual.
Entre otras cuestiones, prevé impulsar un proyecto de ley para revocar la residencia de atacantes palestinos de Jerusalén Este ocupado. Serían expulsados a zonas de Cisjordania ocupada bajo autogobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El Ejecutivo también anunció que aplicará medidas para que se pueda despedir a trabajadores "que han apoyado el terrorismo" sin necesidad de que el despido se valide en una vista judicial.
Tras su primera reunión, el Gabinete de Seguridad anunció que Israel retiraría el derecho a la seguridad social "a los familiares de terroristas que apoyan el terrorismo", y avanzó un plan para "legislar la revocación de sus documentos de identidad".
El coalición de Netanyahu, que incluye a partidos de ultraderecha que exigen más mano dura y mayor contundencia ante el conflicto con los palestinos, pretende impulsar estas medidas para "fortalecer la disuasión perjudicando el entorno inmediato" de los atacantes.
La actual escalada de violencia se disparó el jueves con una incursión militar israelí en la ciudad de Yenín, en Cisjordania ocupada, que se saldó con la muerte de 10 palestinos, varios de ellos milicianos.
A ello le siguió el ataque por parte de un palestino el viernes por la noche ante una sinagoga en una colonia israelí de Jerusalén Este ocupado, donde mató a siete israelíes. El sábado por la mañana también hubo otro ataque con arma de fuego por parte de un menor palestino de 13 años que hirió a dos israelíes en la Ciudad Santa.
Ante estos ataques, el Gobierno ha actuado ya para demoler lo antes posible la residencia familiar del atacante palestino del viernes, que murió poco después por disparos de la Policía.
A su vez, este domingo anunció que cerrará y procederá a precintar el domicilio de la familia del menor que cometió el ataque de ayer.
Esto marca un cambio en la política de Israel en este ámbito: sus fuerzas suelen demoler o precintar como represalia las casas de palestinos que mataron a israelíes, acciones tachadas de castigo colectivo por grupos de derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora no precintaba las viviendas de autores de ataques sin muertos.
Estos pasos fueron condenados hoy por el grupo islamista Hamás, que los consideró como parte "de una miserable política de castigo".
Por otro lado, Netanyahu ordenó el despliegue de dos compañías de infantería del Ejército israelí para apoyar a la Policía y reforzar la seguridad en Jerusalén y ciudades cercanas a Cisjordania.
A su vez, las fuerzas policiales prosiguen su investigación del ataque mortal del viernes. Inicialmente arrestaron a más de 40 palestinos sospechosos de estar involucrados en los hechos, y por ahora prolongaron la detención de cinco de ellos. Entre estos están la madre y el tío del atacante, concretó un portavoz policial.
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