Advirtieron que "la privación de acceso a la Justicia para la ciudadanía santafesina" que generan las medidas de fuerza implica "quebrantar la convivencia social"
Los colegios de abogados de la provincia de Santa Fe salieron a criticar duro los paros que vienen realizando los trabajadores judiciales y reclamaron a la Corte Suprema de Santa Fe que garantice en normal funcionamiento de la Justicia. .
"Exigimos se priorice el bien común: basta de medidas de fuerza que lo afectan", es el titulo del comunicado que firma la Federación de Colegios de Abogados de la provincia. Justo este martes, una asamblea gremial definirá si se realiza un nuevo paro este miércoles, en reclamo del pago de retroactivos y un cronograma de ascensos, además del rechazo a la reforma previsional sancionada por la Legislatura.
En ese marco, los colegios de abogados advirtieron que "la privación de acceso a la Justicia para la ciudadanía santafesina" que generan las medidas de fuerza implica "quebrantar la convivencia social".
"En efecto, aplazar nuevamente audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos, se erigen como graves consecuencias que excluyen a la Justicia como servicio esencial para convertirse en una mera tarea más", señala el comunicado.
En ese marco, la federación reclamó "a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que se abstenga de suspender los plazos procesales, se garantice la realización de las audiencias fijadas y la continuidad de dictado de resoluciones, providencias y demás actos jurisdiccionales".
Pero a la vez, requirió "al Poder Ejecutivo provincial la urgente cobertura de vacantes y la firma de decretos que permitan una Justicia santafesina de calidad".
El conflicto judicial hay que leerlo también en el marco de la disputa de Maximiliano Pullaro con la mayoría de los integrantes de la Corte, por la presión del gobernador para que se retiren los jueces del máximo tribunal que tienen más de 75 años.
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