La Justicia fijó los topes para los partidos; incluyen las primarias, los comicios generales y un eventual ballottage
La Justicia Nacional Electoral estableció que los partidos políticos en el orden nacional pueden gastar hasta $1.006.448.910 en la campaña electoral para las PASO, que se realizarán el 13 de agosto próximo, y hasta $2.012.897.820 para las elecciones generales, previstas para el 22 de octubre. En caso de que sea necesario un ballottage, esa instancia podrá insumir otros mil millones de pesos.
Asimismo, los jueces de la Cámara Nacional Electoral fijaron un tope máximo para los aportes de dinero que pueden hacer las personas particulares o empresas. Son $20.128.978 cada uno para las PASO en los partidos del orden nacional y $40.257.956 para las elecciones generales por cada persona o empresa.
En caso de que sea necesario realizar una segunda vuelta electoral, se fijó el monto de aportes máximo por cada persona humana o jurídica en 20.128.978 pesos.
La Justicia Electoral determinó además en 40.257.956 pesos el monto máximo que cada empresa o persona puede aportar para el “desenvolvimiento institucional” de cada partido en 2023.
Estos cálculos se realizan sobre la base del valor de un módulo electoral y la cantidad de electores al 21 de diciembre de 2022, según el padrón provisorio. Luego, cuando esté disponible la cantidad de electores habilitados para votar en los comicios nacionales, se ajustarán estos valores.
Luego se estableció un monto máximo de aportes para las agrupaciones de cada distrito en las PASO. Este oscila entre siete millones de pesos para los frentes que competirán en la provincia de Buenos Aires y 280.000 pesos para Tierra del Fuego.
Para las generales, estos montos se duplican en cada provincia.
Lo mismo sucede con los topes de gastos de campaña, que oscilan entre los 743 millones autorizados para la provincia de Buenos Aires y los 28.400.000 para Tierra del Fuego, para las elecciones generales.
En la ciudad de Buenos Aires se puede gastar en campaña hasta 153 millones de pesos en las generales y 76 millones en las PASO.
La ley prevé que los partidos deben presentar un informe previo de lo que van a gastar ante la Justicia Electoral, y luego un informe final de lo que gastaron y un detalle de cuáles fueron sus aportes y quiénes los realizaron.
Un equipo de auditores de la Cámara Nacional Electoral analiza esos reportes una vez concluidas las elecciones. La Justicia puede aprobar o no esas rendiciones de cuentas, y si hay objeciones puede sancionar a los partidos e incluso analizar si, más allá de una irregularidad electoral, existe algún delito penal.
Los partidos políticos no podrán aceptar ni recibir, directa o indirectamente, contribuciones ni donaciones anónimas. No pueden recibir donaciones de entidades centralizadas ni descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales ni de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco contribuciones de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires;
Están prohibidas las contribuciones de personas humanas o empresas que exploten juegos de azar y las de gobiernos o entidades públicas extranjeras. Tampoco es posible aceptar donaciones de personas o empresas que no tengan domicilio o residencia en el país.
Desde ya no se admiten donaciones de personas que fueron obligadas a aportar por sus jefes o empleadores, ni tampoco aportes de gremios y asociaciones patronales o profesionales. Los imputados en causas penales por razones impositivas no pueden hacer aportes.
Los aportes en dinero solo se admiten mediante transferencia bancaria o depósito bancario acreditando identidad, medio electrónico, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que permitan identificar al donante y seguir la ruta del dinero. Los bancos y tarjetas deben informar al partido que recibe la plata la identidad del aportante.
Además de los fondos privados, el Estado nacional contribuye al financiamiento de las campañas electorales de las primarias y las generales. Se destina un aporte extraordinario para la impresión de boletas.
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