Se trata de José Rubén Gill, un trabajador rural entrerriano, su mujer y cuatro hijos que fueron vistos por última vez cuando viajaban al norte en 2002. Sospechan de su patrón, fallecido en 2016, en base a la aparición de un testigo.
José Rubén “Mencho” Gill y su familia asistían al funeral de un amigo en el norte de Argentina cuando fueron vistos en público por última vez el 13 de enero de 2002. Tras 16 años desaparecidos sin dejar rastro, el 5 de febrero se reactivará la búsqueda con la aparición de un testigo clave.
José Rubén Gill (55 años) y su esposa, Margarita Norma Gallegos (26), trabajaban y vivían junto a sus hijos María Ofelia (12), Osvaldo José (9), Sofía Margarita (6) y Carlos Daniel (2) en una finca ubicada en el pueblo Crucesitas Séptima, a 50 kilómetros de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Con el trabajo de peón de José Rubén y las tareas de cocinera en la escuela de Margarita, ambos mantenían humildemente a sus cuatro hijos en la finca de la Candelaria, propiedad de Alfonso Goette, un terrateniente sobre quien existían sospechas de la desaparición y que murió en 2016 a los 77 años.
Este fallecimiento acrecentó las expectativas de que algún testigo perdiera el miedo a hablar, ya que el dueño era conocido por su carácter difícil, "una persona agresiva y violenta", describió a Efe el fiscal encargado de la causa, Federico Uriburu.
"La relación con el patrón no era buena. Ellos querían cambiar de trabajo. Aunque nunca hubo una acusación directa, no fue muy colaborador con la justicia. Su declaración (ante el juez) fue escueta y sencilla", explicó a Efe Alejandro Maximiliano Navarro, abogado de María Delia Gallego, madre de Margarita.
Un nuevo testigo acudió a la Justicia hace casi un año para declarar que unos 20 días antes de la desaparición de la familia Gill, vio a José Rubén quejarse porque el dueño del campo le mandó cavar dos pozos.
Uno de ellos estaba ubicado en un sitio en el que tenía que romper una plataforma de hormigón y el otro estaba en un medio de un arroyo seco.
Estos lugares llamaron la atención del testigo, quien relató a la Justicia que el padre de familia le dijo que no sabía para qué le mandaba ese trabajo el dueño del campo.
"Este testigo nos ubicó el lugar de los pozos y con una referencia que él tenía, marcó uno y señaló la posibilidad de dónde podía estar el otro", aseguró Uriburu.
Ambos puntos serán excavados e investigados el próximo 5 de febrero y aunque el fiscal no quiso "generar expectativas", reconoció que "el testigo viene a confirmar la hipótesis principal de que los cuerpos están enterrados en el campo".
Todavía "averiguación de paradero"
Seis meses después de la última vez que los vieron en público, un familiar denunció su desaparición y, con la versión de Goette de que se habían marchado, cobró fuerza la hipótesis de la mudanza.
Aunque "se mandaron partes policiales a países limítrofes como Paraguay" -señaló Uriburu- hasta el momento no hay registros oficiales ni datos migratorios que confirmen ningún movimiento de la familia Gill.
Sin embargo, la causa todavía se considera "averiguación de paradero", bajo la premisa de encontrarlos con vida, aunque los familiares quieren que se cambie a "desaparición forzosa" porque la hipótesis que barajan es que fueron asesinados.
"El error es buscarlos vivos, porque ellos ya están muertos y enterrados. Para mí tienen que buscar donde vivían, que es el campo de Alfonso Goette", explicó la madre de Margarita, María Delia Gallegos, a la agencia nacional argentina Télam.
Por su parte, el fiscal aseguró que el título es una "cuestión formal" y no quiso descartar ninguna hipótesis ya que no saben si están buscando "un cuerpo o una familia que está constituida en algún otro lugar del mundo".
En los inicios de la causa hubo serias deficiencias que impidieron avanzar en la determinación del paradero de estas seis personas, ya que "no le dieron importancia a la denuncia y se perdió un tiempo muy valioso en los primeros meses o el primer año", reclamó Navarro.
Una visita al campo 18 meses después de la última vez que los vieron en público y un rastrillaje de la finca tres años más tarde, en el que participaron peritos judiciales y médicos forenses, no fueron suficientes para llegar a ninguna conclusión.
"Sólo se puede tantear a ciegas. Ni el juez ni nosotros tenemos pistas para seguir. Las pruebas las destruyó el tiempo. A más de 15 años de la desaparición no hay imputados ni responsables", concluyó Navarro.
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