Las organizaciones tienen previsto marchar a la Legislatura santafesina con el inicio de sesiones extraordinarias. Piden el tratamiento de un proyecto que equipare los pagos de la obra social provincial con los establecidos por la agencia nacional
Sectores que trabajan con personas con discapacidad están preparando una movilización a la Legislatura provincial en la ciudad de Santa Fe para el inicio de las sesiones extraordinarias previsto para febrero. Reclamarán la incorporación al temario del proyecto del diputado Fabián Palo Oliver para que la obra social Iapos equipare los aranceles de pago a los prestadores establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según explicaron desde la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), la problemática que afecta directa o indirectamente a unos 5 mil afiliados a Iapos que recurren a dichos prestadores para la atención de distintas afecciones.
Las organizaciones añadieron que todos los financiadores del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad (obras sociales, Pami) abonan el arancel nacional, excepto el Iapos que sí lo hizo hasta el año 2018.
“Desde ese año al presente abona un 45% menos de lo que debería pagar”, aseveró Pablo Bolego, presidente de Atraes. El titular de la organización de transportistas dijo que para el sector, “es importante saber si el gobernador Omar Perotti seguirá dándole la espalda a esta necesidad por la que tanto se reclama solución”.
Bolego agregó que frente al escenario económico “esta equiparación arancelaria, resulta vital y según los tiempos legislativos, recién podría volver a presentarse y tratarse a partir del mes de mayo, en sesiones ordinarias”.
“Estamos convencidos que el sector no aguanta hasta mayo y lamentamos porque ya existe un esquema programado de baja de prestaciones de transporte a beneficiarios del Iapos”, manifestó el referente de Atraes.
En el marco del conflicto, se realizaron reuniones en diciembre entre representantes de organizaciones del sector de la discapacidad y autoridades del Iapos. En los encuentros se acordó que a partir del mismo mes de diciembre “se empezaría a reconocer un arancel provisorio cuya diferencia no supere el 20% con el nomenclador nacional”, explicó Bolego y agregó que dicho acuerdo se realizaba a la espera de la ley impulsada por Oliver.
“Pero el Iapos volvió a incumplir. Una catarata de reclamos de prestadores indica que al momento de facturar las prestaciones brindadas durante el mes de diciembre el sistema informático de facturación de la obra social, no permitió a los prestadores facturar lo acordado O sea el 80% temporalmente del nomenclador nacional”, se quejó el referente de Atraes.
“La gravedad de la situación no registra precedentes. Más de 5.000 afiliados con discapacidad de toda la provincia de Santa Fe se verán afectados por esta política pública regresiva en materia de aranceles para servicios a personas con discapacidad. Una obra social que dispone de un presupuesto anual para este 2023 de más de 67.000 millones de pesos de presupuesto”, concluyó Bolego.
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