Legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de trabajar en conjunto con el Ejecutivo y la Justicia para encontrar una solución a los hechos delictivos que se cometen desde prisión. “No es menor combinar acciones porque sino las leyes no se aplican”, destacaron
Luego de las duras críticas que hizo el fiscal Pablo Socca por las facilidades que tienen los reclusos para acceder a celulares desde los que realizan las intimidaciones, la Cámara de Diputados recogió el guante. En diálogo con Radio 2, legisladores de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de reestructurar el Servicio Penitenciario.
“Hay que partir de un diagnóstico correcto que es que, en materia general de seguridad y en particular de la conducta del servicio penitenciario, hay una problemática grave del Estado”, reconoció en Radiópolis el diputado oficialista Leandro Busatto.
De acuerdo a su análisis, la principal falencia que hay tiene que ver con que no se venía realizando un trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Así se desarticulan las acciones y se actúa corriendo detrás del problema y no tenemos una mirada integral”, analizó.
Con respecto al motivo por el que resulta tan fácil ingresar celulares a las cárceles, Busatto sostuvo que tiene que ver con que “los sistemas para prevenir este tipo de situaciones son prácticamente artesanales”. “El ingreso a la cárcel de Piñero se da con controles demasiado livianos y muchas veces no pueden impedir el fenómeno creciente de celulares y sustancias”, lamentó.
En ese sentido, también señaló que desde la legislatura provincial “se puede modificar el régimen del Sistema Penitenciario”, pero remarcó la necesidad de “combinar esto con acciones con el Ejecutivo”. “Sino las leyes no se aplican o son motivos de alguna acción judicial”, advirtió el diputado oficialista.
Por su parte, Nicolás Mayoraz aseguró que la problemática “es fácil de resolver”. “Nosotros presentamos un proyecto para la prohibición absoluta del uso de celulares dentro de las cárceles y la instalación de inhibidores de señales, el ejecutivo lleva tres años dando vuelta con la licitación”, reclamó.
“Si no lo hacemos a través de una ley, le dejamos la responsabilidad al Servicio Penitenciario y quedan expuestos a amenazas por parte de los presos de alto perfil”, sostuvo. En esa misma línea confirmó que desde su sector también están dispuestos a avanzar en una ley para endurecer el régimen disciplinario de visitas.
Por último, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, también se mostraron a favor de avanzar en “un proceso de capacitación y nuevas especialidades en el Servicio Penitenciario”.
“Nosotros presentamos una norma circunscripta para los detenidos de alto perfi. que proponía la inhibición de las comunicaciones, poner personal especializado para la custodia y que tengan un régimen especial de visitas que podrían ser dos personas puntuales y en el caso de que una de esas personas infringe las normas e intente ingresar algo prohibido, se las pueda sancionar”, señaló Juan Cruz Cándido.
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