La polémica por la vacunación vip empieza a tener ramificaciones que trascienden a lo sucedido en el Hospital Posadas. El martes por la noche, la fiscal Verónica Marcantonio de la UFI N°10 ordenó allanar el Hospital San Felipe de San Nicolás en el marco del escándalo que se desató la semana pasada a raíz de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky. De esa ciudad son oriundos el ex ministro Ginés González García y Lisandro Bonelli, sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud.
Según confirmaron fuentes de la investigación, efectivos de la Unidad Operativa Federal de la delegación local de la PFA realizaron el operativo e incautaron registros en papel vinculados a la campaña de inmunización, junto a varias tarjetas con códigos QR. En el caso también interviene el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Román Parodi. “Las vacunas ingresaron por el sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires, esto se investiga a nivel provincial”, asegura una fuente judicial de jerarquía a Infobae en la zona, un expediente paralelo al investigado por María Eugenia Capuchetti y Eduardo Taiano en Comodoro Py.
Los medios locales afirman que el escándalo en San Nicolás salpica a sindicalistas, periodistas, concejales, y hasta un ex juez de la Dictadura.
Cerca del intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, admiten que hubo “irregularidades” en la vacunación, aunque remarcaron que el plan de vacunación quedó fuera de su órbita. “Presentamos una nota en su momento ante el director ejecutivo de la Región Sanitaria IV para tener detalles del plan, nunca nos contestaron”, dijo un vocero.
La lista de allegados de Bonelli no sorprende. En el ministerio admiten que prometía la vacuna incluso a personas que no trabajaban con él. “Les decía que se anoten en el Registro y después les conseguía un lugar privilegiado”, contó alguien que escuchó esa promesa.
Este procedimiento se convierte en el segundo del caso, luego de que la división Delitos Contra la Salud de la PFA ingresara el lunes por la noche al Ministerio de Salud para secuestrar registros de ingreso y cámaras de seguridad. Un allanamiento al Hospital Posadas, por lo pronto, estaría descartado.
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