"Solo le pedía que nos deje pasar porque ya hacía bastante calor, y encima estaba lleno de moscas, teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago", explicaba días atrás Matilde, la mamá de Abigail Jiménez,una nena de 12 años que padece cáncer en una rodilla desde los siete años y que tuvo que ser ingresada a su provincia, Santiago del Estero, en brazos de su papá, ante la negativa de la policía de otorgarle el paso cuando regresaba de su tratamiento oncológico en la provincia de Tucumán.
La imagen de Diego cargando a su hija se hizo viral y despertó la indignación en gran parte de la sociedad ante tamaña falta de consideración de parte de las autoridades, pero también, porque se trataba de una flagrante violación de sus derechos humanos.
Pero este fue un caso más, muy impactante por lo sensible de la situación y el mensaje que dejó la imagen, pero no es el único ni el más grave.
Según un trabajo que está realizando el diputado Fernando Iglesias, que acompañan los fundamentos de su proyecto para la creación de la Comisión Nacional Bicameral de investigación de los Delitos cometidos por el Estado durante la Cuarentena (CONADEC), se registraron hasta el momento 148 casos donde aparecen posibles violaciones de derechos humanos, que van desde aquellos que culminaron en muertes y desapariciones, pasando por detenciones arbitrarias con situaciones de maltrato y tortura por parte de las fuerzas de seguridad de las distintas provincias.
Forman parte del informe las historias que tuvieron como víctimas a Facundo Castro en Bahía Blanca y a Luis Espinoza en Tucumán. Estos hechos son muy conocidos por la opinión pública, pero también, en el conteo, aparecen los casos de Ariel Valerian, de 39 años, vecino de en Monterrico, Jujuy, que se desempeñaba como mecánico en Perico y según los familiares fue golpeado por uniformados jujeños en la colectora de la Ruta Nacional N° 66 a la altura de Palpalá y Alto Comedero, estuvo en terapia intensiva hasta que falleció producto de los golpes recibidos.
Se suman el asesinato de Franco Isorni, con sospechas sobre la actuación de la policía de Santiago del Estero o el de Sebastián Lagraña que circulaba en moto con su amigo Alexis cuando fue perseguido y baleado por la policía en Saladillo en un caso que incluyó detenciones arbitrarias que alcanzaron a su abuela, Gladys Muñoz. El informe registra muertes o heridos en accidentes de tránsito, provocados por persecuciones policiales motivadas por el incumplimiento de un grave delito: la "violación de la cuarentena".
También hay denuncias de detenciones que incluyen torturas y acoso policial, como el sucedido en la localidad de Fontana, Chaco, donde se llevó a cabo la detención arbitraria y violenta de un grupo de jóvenes de la comunidad Qom, sin orden de allanamiento, que terminó en denuncias de maltrato y abusos de vejación sobre una joven sucedida en la comisaría.
También se detallan las consecuencias de la insólita política del gobierno de Gildo Insfrán de impedir el ingreso de 7500 formoseños varados en la entrada a la provincia, como lo padecido por el joven Mario Ledesma, que murió ahogado intentando cruzar a nado el Río Bermejo en la desesperación por reencontrarse con su familia. Hace días la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno formoseño permitir el ingreso de esos ciudadanos.
Estos son algunos ejemplos que forman parte de este triste listado, pero se cree que pueden ser muchos más los eventos que no han sido denunciados o que no tomaron estado público.
Seguramente esto hechos aberrantes no fueron ordenados directamente, pero sí amparados en los decretos que instalaron un estado de excepción. Es que, con la excusa de la cuarentena, se tomaron medidas extraordinarias, muchas de ellas discutibles porque no consideraron el respeto por las libertades individuales. Prestigiosos juristas pusieron en duda, por ejemplo, que se criminalizaran actividades lícitas, algo que permitió que se creara un clima en favor del "exceso de la autoridad" que envolvió a las poco preparadas policías provinciales.
Con la excusa de la cuarentena, se tomaron medidas extraordinarias, muchas de ellas discutibles porque no consideraron el respeto por las libertades individuales
La falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad de las provincias es algo que debió tenerse en cuenta antes de enviarlas a controlar con rigor la "libre circulación" durante la cuarentena, debido a que existen antecedentes conocidos desde hace tiempo sobre el abuso de autoridad, que varias veces terminaron con lesiones y hasta en muertes, en manos de algunos efectivos de esas fuerzas policiales.
Puntualmente, 27 de las denuncias sobre violaciones a los DD. HH., que recoge el informe presentado por Iglesias, se dieron en la provincia de Buenos Aires, 23 en Santiago del Estero, 12 en Formosa, 10 en Santa Fe, 8 en San Luis, pero aparecen casos en las provincias de San Juan, Tucumán, Chaco y también en Córdoba, Mendoza, Misiones, Corrientes, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa.
No podemos pasar por alto que una de las provincias donde más se abusó de la fuerza pública sea Santiago del Estero, un feudo que responde a Gerardo Zamora cuya esposa, la senadora Claudia Ledesma Abdala, es la tercera en la sucesión presidencial. El mejor ejemplo de que el gobierno provincial goza de la confianza de los líderes del oficialismo.
Zamora no sorprende a sus coterráneos. Es más, donde menos llamó la atención el caso Abigail es en la misma provincia donde los santiagueños, acostumbrados a este tipo de atropellos, con ironía llaman a su propio territorio en las redes sociales como "Venezuela del Estero". Un señalamiento que expone a un gobierno que se jacta de tener un estadio de primer mundo, Madre de Ciudades donde en marzo jugará la selección argentina de fútbol, pero no puede garantizar una ambulancia a una nena de 12 años que sufre cáncer en una de sus rodillas, obligándola a viajar en la incomodidad de un auto no apto para este tipo de traslados.
Tampoco se debe pasar por alto que las otras provincias señaladas como lugares donde más abusos se cometieron sean Tucumán y Formosa, ya que sus gobiernos, en reiteradas ocasiones, fueron puestos como ejemplo de gestión por el presidente Alberto Fernández, tan amigo de elogiar como ejemplo a dirigentes o gobernantes muy útiles para acompañar su proyecto político, pero que cuentan con un demostrado recorrido político carente de compromisos apegados a la institucionalidad.
No estaría mal que el presidente regule sus elogios desmedidos donde no ensamblan con el manejo de la situación política de sus halagados, como así también comenzar a tomar nota de que, durante la interminable cuarentena, las violaciones a los derechos individuales por parte de las fuerzas de seguridad sucedieron y suceden, por más que las más reconocidas Organizaciones de Derechos Humanos no las denuncien.
Por: Daniel Santa Cruz
Desarrollado por Rodrigo Guidetti
