Este martes comienzó la revisión de las sentencias contra el matrimonio Strumia-Michl por privación ilegítima de la libertad coactiva contra la mujer sanlorecina desaparecida hace 9 años. Sus padres, Alberto y Alicia, vuelven a enfrentarse con el destino incierto de su hija y exigen Justicia
Hoy se inicia un nuevo capítulo en el caso Perassi. Esta vez, la Justicia tiene en sus manos definir el destino de Gabriel Strumia y Roxana Michl, quienes en la instancia anterior fueron sentenciados a 17 y 7 años de cárcel, respectivamente, por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva contra Paula Perassi, la mujer de 34 años desaparecida de su casa de San Lorenzo en 2011.
Como hace 9 años, Alberto Perassi acomoda banderas y carteles con los ojos pardos de su hija mayor en uno de los tribunales de la región. Esta vez es en Rosario, en el edificio de Balcarce y Pellegrini. Junto a su esposa y mamá de Paula, nunca bajaron los brazos en su búsqueda. Incansables, incorruptibles y honrosos padres de una mujer cuyo cuerpo jamás apareció.
Es por eso que, más allá de las responsabilidades penales sobre su muerte, el reclamo se reanuda una vez más: “Quiero los huesos de Paula”, sostuvo este padre que nunca se cansa de esperar. De acuerdo a lo que informó Radiópolis (Radio 2); Alberto optó por dar un mensaje unificado a los medios de comunicación: “Después de 9 años y dos meses del 18 vine acá para esperar Justicia con fe, como el primer día”, manifestó.
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Retoman las audiencias por el caso Paula Perassi
La instancia de debate se inicia este martes a las 8.30 en los Tribunales Provinciales de Rosario y se espera que se extienda a una jornada más. Estaba prevista para octubre pero debió suspenderse porque la presidenta del tribunal, Bibiana Alonso, fue aislada por contacto estrecho de una persona infectada con covid-19. A pesar de que fue intensamente solicitada, no será televisada sino que se desarrollará de forma presencial pero con las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia.
Se espera que el tribunal falle en relación a la condena impuesta en noviembre de 2019 contra Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl, sentenciados a 17 y 7 años de cárcel, respectivamente por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva por tratarse de una mujer embarazada, de parte de los camaristas Gustavo Salvador, Javier Beltramone y Carolina Hernández.
El matrimonio había sido absuelto en mayo de 2019 en primera instancia judicial junto al resto de los 7 acusados por la falta de pruebas producto de la “deficiente investigación”. Gabriel, amante de la joven sanlorecina que estaba embarazada al momento de su desaparición. y su esposa Roxana Michl, Mirta Rusñisky, presunta autora de la interrupción del embarazo y Antonio Díaz, empleado de Strumia estaban acusados de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real. Para ellos la Fiscalía había solicitado la pena de prisión perpetua.
En tanto, al ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Daniel Puyol se lo acusó por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de autor. Fiscalía pidió 6 años de cárcel y 10 de inhabilitación para funciones públicas.
El resto de los uniformados, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, fueron apuntados con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal, por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por sustracción y destrucción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente y falsedad ideológica de instrumento público en concurso real, en calidad de autor. Para ellos el fiscal Donato Trotta había exigido 16 años de prisión e inhabilitación de 10 años para funciones públicas.
Ahora, la audiencia tiene como objetivo rever el agravamiento del fallo dictado en primera instancia que se produce en la Cámara por otro tribunal ordinario y de esta forma garantizar el derecho al recurso. “Todos los imputados tienen derecho a que dos tribunales conformen su condena y en este caso como la condena se produce directamente en segunda instancia, otro tribunal de apelación la revisa para obtener lo que se llama doble conforme”, explicaron desde Tribunales.
La resolución podría revocar o confirmar la resolución de la cámara de apelaciones respecto de las condenas de Mitchl y Strumia, –ambos en libertad– pero no tienen decisión sobre las absoluciones. Estas quedaron firmes y tienen su recurso con la Corte Suprema de Justicia.
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