Hasta junio ha habido 657 okupaciones en la región, un 10% menos que el mismo periodo de 2019 debido al parón por el confinamiento. El 80%de los okupas tiene antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular.
En los seis primeros meses del año la Comunidad de Madrid ha registrado 657 okupaciones, según datos facilitados por el Ministerio del Interior a este periódico. La suma equivale a una media diaria de casi cuatro usurpaciones. Es la primera vez que Interior y la Policía ofrecen datos oficiales de denuncias por okupaciones en Madrid. En el portal de estadísticas de la criminalidad del Ministerio del Interior no figura este epígrafe. Tampoco lo recogen las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía.
A tenor de estas estadísticas, Madrid es la tercera comunidad autónoma de España en número de okupaciones en el primer semestre del año, detrás de Andalucía con 1.183 okupaciones y Cataluña con 3.611. Por provincias, es Barcelona la más azotada por estas fechorías inmobiliarias con 2.644 denuncias frente a las 657 de la región madrileña.
El fenómeno de la okupación en Madrid llegó a su techo máximo en 2015 con 1.630 denuncias en ese año y se redujo en fechas posteriores hasta que en 2019 experimentó un nuevo ascenso con 1.441 denuncias frente a las 1.372 de 2018. A lo largo de este año las cifras han caído un 10% con respecto a 2019, cuando en los seis primeros meses se produjeron 726 okupaciones, frente a las 657 de este año, aunque hay que tener en cuenta los dos meses de confinamiento cuando esta actividad delictiva se detuvo.
Con todo, se desconoce ahora mismo el número total de viviendas okupadas en la región. Y la percepción social es que el fenómeno va en aumento, ya que cada semana hay varios casos de okupación que provocan oleadas de protestas en las calles y movilizaciones vecinales.
La Comunidad de Madrid calcula que en la región existen en la actualidad unas 4.300 casas okupadas. Algo menos de la mitad (2.017) han sido usurpadas a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional de Isabel Díaz-Ayuso.
Las otras 2.300 viviendas robadas en la región las ha contabilizado la Comunidad gracias a los contactos con diferentes órganos jurídicos y judiciales.
De las 2.017 viviendas okupadas a la Comunidad de Madrid un total de 300 han sido asaltadas por la fuerza -lo que supone un 15% del total- «bien sea por una patada en la puerta o por forzar alguna de sus entradas de manera violenta», explican en la Consejería de Vivienda. «El resto están ocupadas de forma irregular, pero sin episodios de violencia», subrayan desde el departamento del consejero David Pérez.
En lo que va de año desde la Comunidad de Madrid se han iniciado 600 expedientes contra okupas para recuperar los alojamientos, un procedimiento que ha permitido rescatar a la Consejería de Vivienda 200 hogares en los últimos 12 meses que habían sido arrebatados al antiguo Ivima.
Frente a las usurpaciones de pisos también ha reaccionado el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presentó la semana pasada un plan antiokupación de 1,5 millones de euros para la recuperación de diversos inmuebles municipales okupados de forma ilegal. Es el caso de un solar en la calle de Antonio Grillo, en el barrio de Chueca, y otro edificio de la carretera de Carabanchel a Aravaca.
La ex delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, puso en marcha en 2016 una Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas en coordinación con la Policía Nacional. Este cuerpo cuenta con un número de teléfono (900 100 301) y una dirección de correo electrónico (madrid.ocupacioni@policia.es), que funcionan las 24 horas de los 365 días del año.
Desde que se puso en marcha la Oficina, la Policía y la Guardia Civil han identificado a unos 4.200 okupas, según Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía. El 80% de ellos tiene antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular en España. Según datos de 2018, el 81% de los usurpadores son de origen extranjero, siendo en su mayoría procedentes de la República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.
Las mafias ofrecen pisos a los inmigrantes ilegales por 2.500 o 2.000 euros
La Policía Nacional estima que hay al menos 20 grupos mafiosos dedicados a la okupación de viviendas. Algunos ciñen esta actividad delictiva en un único distrito de la capital y otros se dedican a buscar pisos por la periferia de la región.
Sólo en el barrio de Tetuán hay al menos cuatro bandas dedicados a cometer estos delitos, según fuentes policiales. «Hay dos grupos de marroquíes, uno de rumanos y otro de gitanos», cuenta un agente que trabaja en el barrio desde hace más de 20 años.
«Se las saben todas y ellos mismos se dedican a ofrecer pisos a inmigrantes ilegales por 2.500 o 2.000 euros. Revientan la puerta, le colocan un cerrojo nuevo y lo entregan con llave», relata este funcionario que asegura que cada vez hay más bloques enteros okupados como el de la calle Moquetas 3 o el de la calle Plátano.
«El otro día vino un chaval del barrio para explicarme que le habían vendido un piso por 2.000 euros y que a las dos semanas vino la comisión judicial y le desalojó. Me dijo que no podía denunciarles y que si nosotros podíamos hacer algo», cuenta este veterano agente.
Un joven que okupó un chalé en Eurovillas señaló que había pagado 350 euros por la casa a un clan. Aseguró que le ofrecieron un piso en Fuenlabrada por 500 euros, un chalé en Valdemoro por 2.500 y un piso en Usera por 1.000.
En función del banco que posee las viviendas, los mafiosos ofrecen tarifas más económicas. Los pisos comprados por la Sareb a las entidades financieras son los más cotizados, puesto que los procedimientos de lanzamiento se pueden llegar a prolongar hasta seis años.
Pedro pagó 1.500 euros en el barrio de Nueva Numancia de Vallecas por un piso embargado por un banco a una familia que no pudo afrontar el pago de la hipoteca. «Llevo viviendo aquí cinco años y antes del confinamiento me llegó la carta de desahucio», lamenta el hombre casado y con cinco hijos. En este caso los vecinos le apoyan y aseguran que no ha dado ningún problema en este tiempo. «Yo le he dicho al banco que me haga una oferta para poder pagar el piso, pero no me han contestado», dice.
La Fiscalía de Madrid está a la espera de recibir una instrucción de la Fiscalía General para proporcionar seguridad jurídica y despejar dudas.
Entre las decenas de casos de okupación hay asuntos inverosímiles. Como una urbanización de la calle de Ronda de las Comunicaciones de Valdemoro donde están okupados 50 de los 53 chalés construidos hace 15 años, tras quebrar la promotora que los edificó. Sólo tres tienen a sus propietarios legítimos y resulta fácil identificarlos porque son los únicos que tienen contadores de la luz a la vista. Un banco ya se ha hecho cargo de las viviendas este año y ya ha presentado una denuncia para desalojar a los okupas.
En esa misma zona de Valdemoro, la calle Zuloaga, hay otra decena chalés de lujo okupados. Tienen hasta ascensor, cuatro dormitorios, cuatro cuartos de baño y piscina. Uno de los inquilinos okupas, José, de nacionalidad dominicana, indica que hace dos años pagó 6.000 euros por la casa a un clan.
No puedo dormir por culpa de los okupas
MERCEDES, VECINA
En la calle Nicolás Morales, en el barrio de Oporto de Carabanchel, existe una finca entera okupada desde hace más de siete años que es propiedad de la Sareb. El bloque es una fuente continua de problemas de inseguridad. Los vecinos tienen pánico a los okupas. «No podemos seguir viviendo así. Nos amenazan y nos dicen que van a violar a nuestras hijas. Hay a diario reyertas, puñaladas y trapicheo de drogas», señala Isabel, una de las vecinas.
La desesperación de los vecinos les ha llevado a suplicar a la juez para que agilice el desahucio alegando motivos de salud. La semana pasada acudieron al juzgado 96 de Plaza de Castilla para pedírselo al magistrado.
«Tenemos un grave problema de salud a causa de los okupas», dice Mercedes. «No puedo dormir por su culpa y lo único que me dice el doctor es que me aumente la medicación», explica.
En varias zonas de la región la solución a la okupación la aportan los propios vecinos afectados por la presencia de los intrusos. Gracias a la movilización y la presión contra los intrusos, esta semana han echado unos okupas en Aranjuez que llevaban 72 horas en un chalé. Y lo mismo ocurrió en la urbanización de Eurovilla de Nuevo Baztán, otra residencial de Colmenar de Oreja y otra de Pezuela de las Torres.
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Ante el incremento de las usurpaciones se han duplicado en Madrid la venta de puertas acorazadas que se pueden adquirir desde 2.000 euros. Andrés tiene una empresa que ya tiene trabajo para un año. «Estamos dando plazo de entrega ya para tres meses», señala aunque aclara que las mafias ya tienen sistemas para abrir el 90%de las puertas.
Daniel Estévez, el responsable de Desokupa, la empresa que recupera viviendas usurpadas, asegura que en cinco años han devuelto 1.000 viviendas a sus propietarios en Madrid, 5.200 en toda España. Estévez apunta que han multiplicado por 600 el trabajo en el último año y eso que «sólo negocian para particulares y comunidades de vecinos. No trabajamos para bancos». Y sentencia:«Desde el mes de mayo no habíamos visto un nivel de okupación tan problemático».
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