Economistas ponen bajo la lupa el trato con los acreedores externos y analizan las posibilidades que abre en materia de política económica.
El principal beneficio del acuerdo alcanzado por el gobierno con los tenedores de deuda externa emitida bajo legislación extranjera es descomprimir el pesado y ajustado cronograma de vencimientos que heredó de Mauricio Macri. Esta reestructuración, junto a la de los pasivos emitidos en dólares bajo legislación local y la renegociación del préstamo con el FMI, contribuirían a despejar el horizonte financiero, restar una fuente de demanda de dólares a la economía, aflojar la presión sobre las reservas y liberar recursos del presupuesto.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) recordó que entre 2020 y 2024 vencían u$s 63.664 millones por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera). Con la reestructuración, los compromisos se reducirán a u$s 6.116 millones aproximadamente. Esto fue posible porque Argentina "logró imponer su curva aplanada de vencimiento y comprar tiempo en los próximos cinco años", explicaron los economistas del Cepa.
Eduardo Fracchia, director del Area Economía del IAE Business School, estimó que Argentina enfrentará vencimientos de títulos externos sólo por u$s 4.500 millones en los próximos cinco años, en lugar de los u$s 30.200 millones que lo esperaban si no hubiera acordado. Y entre 2025 y 2028, los pagos correspondientes pasaron de u$s 33.000 millones a u$s 24.00 millones. Si la situación con los tenedores locales de deuda también se resuelve, el alivio para el lustro que viene ascendería a u$s 42.500 millones.
Esteban Guida, de la Fundación Pueblos del Sur, explicó que la Argentina logró reprogramar el 42,5 por ciento de la deuda externa total existente a diciembre de 2019. La propuesta, se enfocó principalmente en el canje de aquellos bonos cuyos intereses se concentraban en el período 2020-2025. "De hecho, sólo se canjea aproximadamente el 13 por ciento de los bonos que vencen en ese período", dijo. Así, pospuso el pago de u$s 30.400 millones, descomprimiendo sustancialmente los requerimientos de divisas para atender servicios de la deuda durante los próximos cuatro años", explicó.
Desde el Cepa señalaron que esta menor carga afloja una fuente de demanda de dólares, los que se destinan al pago de deuda pública. También libera recursos fiscales, claves en la crisis sanitaria y económica. En el presupuesto 2019 los intereses alcanzaron el 21 por ciento del total de gastos. En 2015 estaban en el orden del 8 por ciento.
La deuda pública nacional pasó subió u$s 96.602 millones entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019, es decir que pasó del 52,6 por ciento del PBI al 91 por ciento. Pero el componente en moneda extranjera pasó del 36,4 por ciento al 62 por ciento de ese total. Subió u$s 122.403,48 millones en cuatro años, un 141,17 por ciento más. Esta enorme hipoteca, por tamaño y acumulación de vencimientos en el corto plazo, fue el punto de partida de la pulseada entre el ministro de Economía Martín Guzmán y los acreedores. Que arrancó con el verano, cuando los bonistas ofrecían un acuerdo por u$s 92 de Valor Presente Neto (VPN) cada u$s 100 de valor original de cada título. En febrero, propusieron u$s 75. El gobierno argentino hizo su primera oferta en abril: u$s 40. Los bonistas contraofertaron: u$s 65. El 5 de julio, el gobierno ofreció u$s 53 por título. Finalmente, el acuerdo se cerró entre u$s 54 y u$s 55. Ecuador pactó con BlackRock por u$s 59 cada cien de deuda nominal.
El director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, destacó algunos de los puntos diferenciales de esta negociación. Uno de ellos, el tiempo. "Duró bastante menos que los 13 meses que suelen tener como promedio", dijo. Otro, que se realizó fuera del marco de un acuerdo con el FMI. Y, en los aspectos técnicos, el enfoque orientado a reducir los intereses más que el capital. "Es decir, el foco se puso sobre la carga de la deuda", dijo. El economista opinó que el alivio generado a ocho años vista debe ser aprovechado para "poner en línea la deuda a la capacidad de pago e ir migrando hacia una deuda en pesos".
Mientras se cerraba el acuerdo, el gobierno espera que el Congreso vote la reestructuración de u$s 40 mil millones de bonos emitidos en dólares bajo legislación local, bajo los mismos términos en los que acordó con los bonistas bajo ley extranjera. El ministro de Economía asignó especial relevancia porque brinda credibilidad a la hora de recomponer un mercado de deuda local más potente que el actual.
El otro gran paquete a renegociar es el otorgado por el FMI a Macri. Originalmente, eran u$s 57 mil millones, aunque se desembolsaron sólo u$s 44.000 millones. Para Fracchia, del IAE, esta tarea obligará al gobierno a presentar "un plan económico o, al menos, ciertas medidas de acción concreta en relación a la política económica".
Según Guida, de la Fundación Pueblos del Sur, lo que viene es un problema estrictamente político: la renegociación de la deuda tendrá sentido de éxito si la Argentina "logra cambiar su perfil económico para reinsertarse en el mundo de una manera diferente" y revertir su actual posición periférica-colonial. Alertó, en ese sentido, sobre quienes "ya están planteando que salir del default sirve para volver a tomar deuda en el mercado financiero internacional, una deuda que sólo sirve para financiar los desequilibrios crónicos recurrentes de un esquema que fracasó sistemáticamente en el objetivo de bienestar nacional, aunque si resulta útil para la acumulación y fuga de riqueza de un grupo minoritario".
La hora de las provincias
Un capítulo importante de este acuerdo es que se convierte en un paraguas importante para reestructurar la deuda de las provincias. Hay una decena de provincias, entre las que se encuentran Buenos Aires Córdoba, Mendoza, Jujuy, Río Negro y Chubut, que iniciaron procesos de reestructuración de deuda, tanto en pesos como en dólares, por un monto total cercano a los u$s 11.000 millones.
Según un estudio de la consultora Elypsis, el stock de deudas provinciales equivalía a fines de 2019 al 8 por ciento de la deuda pública nacional (u$s 28.098 millones), pero casi el 90 por ciento está nominado en dólares por lo que, ante las sucesivas devaluaciones desde 2018, la deuda total escaló del 31 por ciento al 52 por ciento de los ingresos provinciales entre 2015 y 2019, y la carga de intereses del 1,5 por ciento a 5,1 por ciento del gasto primario.
Santa Fe no tiene un cronograma de vencimientos que amerite una reestructuración. La deuda consolidada asciende a unos $ 39 mil millones, 13 por ciento de sus recursos totales anuales y 2,15 por ciento del PBG. Fuentes de Economía provincial descartaron que, a partir del acuerdo nacional, exploren esa posibilidad. En cambio, sí lo consideraron importante para acceder a créditos internacionales a menores tasas. De hecho, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, señaló hace tres semanas en este suplemento que el acuerdo por la deuda abriría fuentes de financiamiento para obra pública.
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