El diputado nacional Álvaro de Lamadrid considera que la medida es inconstitucional y que el presidente incurrió en el delito de abuso de la autoridad. “Se metió en las casas para invadir las esferas privadas de los argentinos”, sostuvo
El diputado nacional por Juntos por el Cambio-UCR, Álvaro de Lamadrid denunció penalmente al presidente por el decreto que prohíbe las reuniones sociales y familiares en el país, al considerar que incurre en el delito de abuso de autoridad por violar los artículos 14, 19, 23 y 28 de la Constitución Nacional. También considera que al dictar el decreto 641, viola la prohibición de legislar en materia penal y de arrogarse el ejercicio de funciones judiciales. “Es un abuso de autoridad, violó los derechos y garantías constitucionales”, indicó el legislador.
En contacto con Radiópolis (Radio 2), de Lamadrid sostuvo: “La Constitución nacional expresamente en su artículo 99, inciso 3 le prohíbe al presidente legislar por DNU en materia penal y en el artículo 109 le prohíbe arrogarse funciones judiciales. “Se metió en las casas para invadir las esferas privadas de los argentinos, les prohíbe reunirse y en caso de incumplimiento impone dos años de prisión”, apuntó.
"Este decreto es un avance y una intromisión. El presidente debe dar marcha atrás con este decreto (641/20), es inconstitucional", indicó sobre la medida y sumó: "Incurrió en el delito de abuso de autoridad".
Aunque aseguró no estar de acuerdo con “reuniones inconvenientes”, consideró que “la Constitución está por arriba de cualquier pandemia”. Luego, confió en que Fernández tuvo “la intención de cuidarnos, no lo dudo –remarco– pero lo hizo violando la Constitución”.
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