Son el canciller Ernesto Araújo y el titular de Ambiente, Ricardo Salles. Las presiones no son sólo de opositores, también de empresarios y oficialistas .
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro recibió pedidos de asesores y congresistas para deponer a dos de los ministros más emblemáticos de su gestión de derecha radical. Se trata de los ministros Ricardo Salles, de Medio Ambiente, y Ernesto Araújo, de Relaciones Exteriores, ambos muy cuestionados por la oposición y vistos como obstáculos para la agenda internacional y ambiental del país. Según el portal Estadao, aunque el presidente y su núcleo ideológico aprecian a ambos, son considerados problemáticos por los miembros del propio gobierno de Bolsonaro y vistos como obstáculos para el avance de los acuerdos comerciales internacionales de Brasil incluidas las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea. A su vez la política ambiental de Salles en la Amazonia está haciendo que Brasil no sea “elegible” por importantes inversores extranjeros, incluso en el sector de agronegocios.
La semana pasada, un grupo de casi 30 fondos de inversión que reúne 3,7 billones de dólares le exigió a Brasil que detuviera la creciente deforestación de la Amazonia. El caso de Ernesto Araújo, alineado con el gurú ideológico de Bolsonaro Olavo de Carvalho, es aún más delicado, y la razón es la necesidad de tener a alguien más pragmático al frente de Itamaraty, la sede histórica de la cancillería brasileña. En una conversación este fin de semana con un miembro del Tribunal Supremo (STF), un ministro de Bolsonaro dijo que el canciller no podía realizar su función a pesar de contar con el apoyo de los hijos del presidente, muy influyentes en el círculo íntimo de Bolsonaro.
El lunes 29, en una reunión, el gobierno discutió la estrategia ante el pedido de los fondos de inversión sobre la deforestación. Una reunión con los miembros de algunos de los firmantes de la carta que pidieron el cese de la deforestación está programada para la próxima semana. Salles está en la mira de los diputados ecologistas pero también es mal visto en la poderosa “bancada ruralista”. El diputado Zé Silva, de esa bancada de productores agropecuarios, comentó: “Los compradores del agronegocio brasileño y del mercado financiero ven una luz amarilla con las políticas ambientales del país”. La Cámara está tratando de acelerar la votación de proyectos ambientales ante las críticas internacionales al gobierno brasileño. En un acuerdo entre ecologistas y ruralistas, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, guió la votación sobre el Protocolo de Nagoya. “Es la regulación más importante del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Brasil ayudó a redactar el documento, lo firmó, pero nunca lo ratificó. Se ha detenido durante años”, lamentó el diputado Rodrigo Agostinho. Salles dice que es normal criticar una posición “más económica” sobre el medio ambiente. El cree que “es necesario dar valor económico a los activos forestales brasileños. Traer recursos financieros para pagar el bosque en pie, e instrumentos que traigan prosperidad para que la gente mejore su vida y así respetar el medio ambiente”.
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