El empleado comunal, de 43 años, colocó una microcámara debajo del lavatorio del baño. Había almacenado 65 gigabytes en fotos y videos.
Un episodio escandaloso quedó al descubierto en Soldini al comprobarse que un empleado comunal, que fue despedido de su cargo, espiaba a sus compañeras con una cámara en el baño de mujeres. El acusado es investigado por la Fiscalía en turno y además se le secuestró gran cantidad de gigabytes con material fílmico, que el hombre grababa a través de una birome con microcámara.
La novedad fue confirmada el martes último por el presidente comunal de la pequeña localidad del departamento Rosario, Alejandro Luciani, quien pidió disculpas a la población, sobre todo a las mujeres. "Queremos pedir disculpas por lo sucedido, y quiero que sepan que los empleados no somos todos iguales", lamentó.
Todo salió a la luz el pasado 30 de agosto, cuando el Juzgado de Faltas notificó que una empleada de la comuna había descubierto una cámara abajo del lavatorio del baño de mujeres. Sin embargo, según se desprende de la investigación, los primeros videos secuestrados al empleado en cuestión —quien tiene 43 años y se desempeñaba como inspector de tránsito— datan de 2018. En total, al agente se le secuestraron 13 DVD con un total de 65 gigabytes de vídeos y fotos de todo tipo, material que se recopiló y se envió a la Fiscalía.
"Ante los gravísimos hechos relatados, la comuna solicitó el apoyo de un equipo de profesionales tanto peritos informáticos forenses como abogados que en todo momento analizamos la situación. En una primera instancia se presentó en la comisaría y luego se elevaron a la Fiscalía aportando las pruebas que recolectamos", señaló Luciani.
Descargo. El secretario de Apempe, Valentín Lucci; el jefe comunal, Alejandro Luciani y la abogada Patricia Carreras, se disculparon ante la comunidad.
Ni bien fue confirmado el mecanismo que utilizaba el inspector, la comuna lo suspendió por 90 días sin goce de sueldo, y la semana pasada se procedió a la exoneración de por vida y la inhibición para ejercer cargos públicos.
Por su parte, la abogada de la comuna, Patricia Carreras, indicó que "el perito informático secuestró los discos duros de las computadoras el martes 10 de septiembre con la firma del inspector exonerado, identificado como Marco C., quien daba conformidad".
No obstante, explicó que "la cuestión penal quedó en un momento archivada por cuanto la fiscal interviniente consideró que estos hechos no encuadraban en una figura tipificada en el Código Penal. Lo cual no significa que no configurara un hecho absolutamente reprochable desde el punto de vista moral y una intrusión a la intimidad que no se puede sostener". También consideró que "había sobradas pruebas de los hechos denunciados y de quién es el responsable". También lamentó que no fue posible hallar el teléfono celular del empleado para someterlo a pericias.
Por su parte, el secretario gremial de la Asociación del Personal Municipal de Pérez y Comunas Adheridas (Apempe), Valentin Lucci, se dirigió a la planta de personal afectado y a los vecinos. "Pedimos disculpas a todas las compañeras por lo que han pasado. Todos los trabajadores municipales y comunales no somos iguales, siempre hay estas mentes enfermas que se aprovechan de su poder. Repudiamos el hecho, y queremos decir que los primeros 90 días de suspensión fueron provisorios porque estábamos esperando que la Justicia nos de la razón y esta persona no pueda ocupar un cargo público por el resto de su vida", remarcó.
"Lo hacemos con dolor porque cada uno de los que estamos acá, fuimos hijos, somos papás y a ninguno le gustaría que nuestros afectos pasen por esto. Creo que esto es muy leve, la Justicia debería aplicar algo más severo cuando estas personas están dando vueltas por nuestras ciudades y localidades. Agradezco al jefe comunal por su valentía porque muchos prefieren ocultarlo y no sacarlo a la luz", finalizó el representante sindical.
Amenaza de muerte
Durante la descripción de los hechos el jefe comunal contó que el inspector ahora exonerado fue hasta su domicilio y ensayó una historia. "Se largó a llorar y me dijo que él había puesto la cámara por una supuesta amenaza de muerte. En principio resultó muy sospechoso pero lo entendimos y nos pusimos a disposición para hacer la denuncia correspondiente. Al día siguiente, narró la misma historia a los abogados de la comuna y luego la sostuvo en el sumario administrativo".
"La amenaza se cayó porque nunca pudo comprobarla. En esos días procedimos a la suspensión de Marco C. Luego comunicamos a los dirigentes de Apempe que se había tomado esa decisión por un lapso de 90 días, sin goce de sueldo y hasta que se termine la investigación administrativa y ellos se pusieron a disposición desde el primer momento", explicó Luciani a La Capital y detalló que "del peritaje de la computadora, se obtuvieron 13 dvd con 65 gigabytes de vídeos y fotos de todo tipo. Se recopiló y se envió a la fiscalía".
Después de un largo tiempo de análisis del caso, las autoridades comunales y un asesor legal externo que llevaba adelante el sumario administrativo brindaron la posibilidad de ejercer el derecho de defensa al empleado en cuestión y la semana pasada resolvieron la exoneración.
"No podrá trabajar más en ningún lugar público. Nos parece una medida ejemplificadora porque pensamos que lo puede hacer en cualquier otro lugar", expresó el presidente comunal y solicitó a las personas "que dijeron barbaridades sobre la comisión comunal, si pueden retractarse porque no nos merecemos esto".
Complicado
La existencia de la cámara se descubrió en agosto de 2019 pero se hallaron videos en la computadora de la oficina de Marco C. que datan de noviembre de 2018. Los funcionarios del Juzgado de Distrito de la 10ª Nominación de Rosario entendieron que estos hechos configuran violencia de género y destacaron que no sólo esta figura se da con la intervención física, sino también cualquier tipo de ataque moral, psicológico o económico, que comprometa la dignidad de la mujer.
Con esos fundamentos el juez ordenó una medida de protección personal de las víctimas con una prohibición de acercamiento para que cese el hostigamiento. "Vamos a continuar con las investigaciones, enviaremos a Buenos Aires a peritar un disco rígido para ver si se compartieron los videos porque si bien la causa está archivada desde el punto de vista penal, nuevas pruebas podrían reabrirla", concluyó la abogada Carreras.
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