Dirigentes de Ammar advierten que "a las chicas las meten en un patrullero, les roban y las violan, pero no denuncian por miedo".
Pasaron 16 años del femicidio de Sandra Cabrera. La líder de las trabajadoras sexuales se había puesto al frente del sindicato Ammar y fue asesinada el 27 de enero de 2004, en un hecho aún impune y donde la policía está señalada como la principal responsable. Más de una década y media no fue suficiente para que las cosas cambiaran para las chicas, chicos y chicas trans que trabajan en la calle. “La policía se sigue comiendo el abuso y la trama de violencia todavía existe. En la actualidad, a las chicas las levantan en un patrullero, las meten en un calabozo, les roban y las violan. Eso pasa pero no denuncian por el miedo que tienen”, dice sin dudar Gabriela Hemela, la dirigente que junto a la vieja guardia de las compañeras de Sandra retomaron desde hace un año Ammar, espacio de participación y defensa de sus derechos.
Desde Ammar organizaron un acto para recordar a Sandra, pero además denunciaron “el incremento de la violencia por parte de la policía en los últimos dos meses”, y reclamaron “una reparación histórica” para las trabajadoras sexuales víctimas de abusos.
“Sandra es de todes”, señala la convocatoria de las integrantes de Ammar, las nuevas como Gabriela y las que ya pasan los 50, como Myriam Auyeros, y que compartieron con Sandra no sólo la calle, sino los primeros encuentros en ATE Rosario. Desde allí, conjuntamente con las dos CTA, organizaron el acto de hoy, a las 18, en la plaza que lleva el nombre de la dirigente asesinada, en Córdoba 3650, donde con la presencia de la banda Los Gardelitos volverán a pedir Justicia ante la impunidad del crimen de Sandra.
Pero además, insistirán en el reclamo de una reparación histórica para las trabajadoras sexuales que fueron víctimas de violencia institucional, para quienes estuvieron presas por el ejercicio de la prostitución o por su identidad de género, a través de una pensión no contributiva.
“Esa reparación es fundamental para marcar un corte, y empezar a trabajar en un nuevo proyecto, para el reconocimiento de nuestros derechos como trabajadoras sexuales, la regulación de nuestro trabajo y poder seguir hacia adelante”, señala Gabriela, en referencia a la iniciativa que el diputado Carlos Del Frade llevó hasta la Legislatura con la colaboración de las propias compañeras de Sandra, como Auyeros.
Violencia que no cesa
Hace un año, Myriam convocó a las viejas compañeras de Ammar. Se sumaron también las más jóvenes, chicos y chicas trans, “todes, porque Sandra es de todes”, ratifica Hemela, ahora al frente del gremio de las trabajadoras sexuales en Rosario. Y retomaron las recorridas por la calle, donde estiman hay unas 400 chicas trabajando, a lo que se suman las que lo hacen en privados, “y ahora también a través de internet”, agregan.
Con esa experiencia, no sólo aseguran que la trama de violencia institucional sigue vigente, así como el acoso, los abusos y las extorsiones, sino que además denuncian un “recrudecimiento” de estas situaciones en los últimos dos meses.
“Las chicas siguen padeciendo la violencia, estamos en un contexto muy complejo y en los últimos dos meses todo recrudeció”, concluye Gabriela, como resultado de los recorridos que cada 15 días realizan para llegar a las chicas que trabajan en la vía pública.
“La policía se sigue comiendo el abuso y la trama de violencia todavía existe —continua—. Hoy a las chicas las levantan en un patrullero, las meten en un calabozo, les roban y las violan. Eso pasa actualmente y no denuncian por el miedo que tienen. Miedo de denunciar y que les pase lo mismo que le pasó a Sandra”.
Pero la calle, donde en los últimos meses además muchas retiradas volvieron ante la necesidad, no es el único lugar donde son víctimas de violencia. En los privados ”en los del centro y los que no están en el centro, sin discriminación”, acota Gabriela, nadie está más resguardado. “Patean la puerta, se meten y te llevan la recaudación”, afirma la actual dirigente, que agrega: “Están los abusos de la policía, del que tiene el privado y ni siquiera les garantiza preservativos a las chicas”.
Por eso, insisten en la necesidad de avanzar hacia la regulación. “Ser reconocidas como trabajadoras no sólo significa un salario, aportes y derechos, como cualquiera —dice Gabriela—. Sino además representa terminar con la clandestinidad que es muerte y violencia, y que beneficia a la policía, a los empresarios y a la pata judicial de toda esta trama de impunidad”.
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