El presidente Piñera y dirigentes del PS y la DC firmaron una declaración contra "el vandalismo que amenaza la democracia chilena".
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha firmado junto a una parte sustancial de la oposición un texto que condena la violencia y respalda su actuación en el marco de las protestas registradas durante el último mes. En el contexto de una violencia callejera que lleva 41 días, con destrucción de patrimonio público y privado, Piñera y el Congreso han hecho avanzar una ley para endurecer las penas a los que ocultan su rostro en las protestas. El Senado aprobó ayer la norma. Mientras, se dio a conocer el documento firmado por la oposición y el oficialismo, un fuerte mensaje de rechazo a la violencia callejera,que ha dañado a 6.800 pymes.
El documento ha sido firmado por senadores del oficialismo y la derecha chilena, pero también por figuras históricas del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), además de la Democracia Cristiana. Es decir, las tres fuerzas clave de la antigua Concertación. En el documento se condenan "los saqueos, las barricadas y la acción violenta de delincuentes". La "declaración por la paz, Derechos Humanos y orden público", condena la violencia que ha afectado al país. La suscribieron figuras como la senadora y ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana Carolina Goic, además de los senadores Ximena Rincón (DC), Pedro Araya (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Felipe Harboe (PPD), Jaime Quintana (PPD), Rabindranath Quinteros (PS), José Miguel Insulza (PS, ex canciller de Chile y ex secretario general de la OEA). También firmaron numerosos senadores del oficialismo de los partidos Renovación Nacional, el de Piñera, y de sus aliados UDI y Evopoli.
En el escrito, los parlamentarios firmantes expresaron su "preocupación" porque "día a día se suceden nuevos hechos de violencia", y reconocieron que "Chile vive días críticos", "de dolor social", "destrozo material" y de "angustia". Además en este entendimiento, se establecen cuatro puntos. En el primero instan al "Gobierno a implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país".
Si bien en el escrito se reconoce que Piñera "dispone de las herramientas constitucionales para restablecer el orden público y la seguridad del país", la oposición ha rechazado aprobar una cláusula por la cual el presidente podría atribuirse más competencias en caso de que se necesitara aprobar un nuevo estado de excepción.
"Llevamos semanas llegando tarde y con medidas insuficientes. Todos hemos fallado, no hemos estado a la altura", han reconocido los autores del texto, el cual ha comenzado alertando de la situación de "violencia y vandalismo que amenaza la democracia chilena".
Una figura del PS como Alvaro Elizalde ha expresado que Piñera no necesita "ningún documento de los senadores para velar por el orden público". La Justicia debería caer sobre los delincuentes y no sobre los manifestantes pacíficos.
Carta pública del PS
El martes, figuras históricas del PS habían firmado una carta pública en la que alertaban contra la violencia callejera y su potencial peligro de pavimentar una reacción derechista de línea dura. En una carta suscrita por más de 80 dirigentes, entre ellos, Insulza,Quinteros, Schilling y Ricardo Núñez, señalan que el discurso contra la democracia "puede pavimentar el camino a la instauración por las armas de un régimen dictatorial que pacifique un Chile arrasado e inerme ante una guerra alimentada por los dos extremos del espectro político". Y llaman a los partidos de la izquierda democrática "a oponer razones y argumentos frente a esta dañina perspectiva". En un subtítulo titulado "la democracia está en riesgo" señalan que, "en estos difíciles momentos hay quienes, de buena fe o movidos por radicalizadas e interesadas visiones, propagan la idea de que en Chile no hay democracia, lesionando la cohesión social y sembrando la desconfianza en torno a este noble valor. También ofenden a toda una generación de hombres y mujeres que lucharon, a costa de sus vidas, seguridades y libertades, por terminar la dictadura de 17 años y recuperar el preciado bien de la democracia". Claramente, el PS, que gobernó o cogobernó en forma casi continuada desde el retorno de la democracia en 1990, salió a defender su patrimonio histórico-político y desmarcarse de los violentos. El grupo socialista afirma que aquel discurso radicalizado "corroe los fundamentos de la vida democrática y facilita salidas de fuerza hacia aventuras autoritarias y peligrosos populismos".
saqueos. Desde el 18 de octubre, 6.800 pymes han sido vandalizadas.
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