La disolución del Congreso que ordenó el pasado lunes recibió el respaldo de la población pero es puesta en duda por especialistas.
Ni abuso de la mayoría opositora, ni interpretaciones un tanto apresuradas de la Constitución: estas son algunas de las alternativas que enfrenta Perú, donde el presidente Martín Vizcarra abrió una crisis de poderes tras disolver el Congreso el lunes pasado. En el mismo acto llamó a elecciones legislativas para el próximo 26 de enero.
"El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros (...)", dice en su artículo 134 la Constitución de 1993. El 1º de octubre, Vizcarra disolvió la Asamblea legislativa luego de que esta rechazara una cuestión de confianza presentada por el Gobierno para cambiar el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia judicial del país. En reacción, el Congreso suspendió al mandatario por 12 meses, y nombró en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Esta luego renunció a esa designación y Vizcarra, con el apoyo de la mayoría de la población, de las Fuerzas Armadas y de los países de la región, impuso su criterio. El Congreso ha dejado de sesionar y se prohíbe el ingreso a los legisladores. Habrá elecciones de un nuevo Parlamento el próximo 26 de enero.
Vizcarra, un abogado constitucionalista que lanzó una cruzada contra la corrupción, aceptaba que la Asamblea legislativa -dominada por el fujiforismo y sus aliados de la derecha- eligiera a seis de los siete integrantes del TC, bajo una rigurosa elección.
"La falla de Vizcarra es interpretar tácitamente que habían votado en contra del pedido de confianza, y eso es una cosa muy forzada porque la Constitución es muy clara. El pedido de confianza se debate y se vota en la misma sesión, o en la siguiente, y no había habido una votación", aseguró a BBC Fernando Calle Hayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú. Esta afirmación del especialista es a su vez debatible, dado que no sólo Vizcarra ha dado por cumplida la condición que exige el artículo 134 de la Constitución: los medios y analistas que cubrieron lo ocurrido en el Congreso el pasado lunes afirman que efectivamente la alianza opositora del fujimorismo y el aprismo votó contra la moción de confianza presentada por el Ejecutivo. El lunes pasado, el Congreso eligió a un magistrado del Tribunal Constitucional ?uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su mandato? en una votación accidentada, en la que se descartó debatir primero la moción de confianza anunciada el viernes pasado por el Gobierno para modificar el sistema de designación de los jueces del alto tribunal. Dado que el Legislativo prefirió nombrar al magistrado sin considerar la propuesta del Gobierno, Vizcarra anunció la disolución del Parlamento. Esta secuencia da pie a la objeción de Calle Hayen. Sin embargo, Calle Hayen rechazó comparar la decisión de Vizcarra con el "autogolpe" que dio el ex presidente Alberto Fujimori en 1992. El ex mandatario cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Su hija Keiko, líder de Fuerza Popular, agrupación que controla el unicameral Congreso peruano con sus aliados apristas, cumple 18 meses de prisión preventiva mientras es investigada por lavado de activos.Se cree que recibió dinero ilegal para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, incluido un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.En Perú hay cuatro ex presidentes que son investigados; Alejandro Toledo; Alan García (se suicidó el 19 de abril de 2019), Ollanta Humala y Pedro Kuczynski, acusados de recibir sobornos de Odebrecht,
El ex magistrado Calle Hayen no fue el único que criticó a Vizcarra; también lo hizo la cúpula empresarial privada, a través de la organización Confiep, que acusó al mandatario de violar la Constitución y el sistema democrático. Además, varios líderes del Congreso calificaron la medida como un "golpe de Estado".
Vizcarra, no obstante, recibió el respaldo de la cúpula de las fuerzas armadas y de la población en general. "La crisis demuestra, una vez más, que la fuerza política que responde al ex presidente Fujimori, y ahora también al liderazgo de su hija Keiko, sigue siendo relevante para explicar la política peruana actual", dijo a Télam Facundo González Sembla, miembro del Congreso Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Para este profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA), la crisis de poderes que se presentó en Perú "está profundamente ligada a las investigaciones de la trama de corrupción que unía a Odebrecht con buena parte de la clase política peruana".
De todos modos, la maniobra fujimorista fracasó por la renuncia de Aráoz. La vicepresidenta dimitió luego del pronunciamiento de la OEA, que dejó en manos del TC la decisión última de cerrar el Congreso peruano. La oposición tampoco se quedó quieta: trató de oficializar la designación de un juez que le daría una mayoría estratégica en el TC y pidió la anticipación de las elecciones.
Desarrollado por Rodrigo Guidetti
