El presidente Moreno lo decretó ante la ola de violentas manifestaciones. El aumento es parte de un acuerdo con el FMI.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, impuso el estado de excepción por 60 días, en una jornada de paros, protestas y bloqueos de caminos contra el aumento de los combustibles, decidido por el gobierno en el contexto de un programa acordado con el FMI.
La medida tomada por Moreno se conoció después de que distintas ciudades del país se convirtieran en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías, en medio de bloqueos que dejaron intransitables a varias calles, avenidas y autopistas. Los primeros reportes extraoficiales de esos incidentes no incluyeron heridos, pero si al menos una decena de detenidos.
En Quito, a las afueras del Palacio de Gobierno, la policía disparó gas lacrimógeno contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones indigenistas que se resisten a aceptar la eliminación de subsidios a los combustibles, lo cual impacta en los precios de venta al público.
Pese a la convulsión, el gobierno de Moreno ratificó la medida y redobló la apuesta con la declaración del estado de excepción, una herramienta legal a la que las autoridades pueden recurrir en situaciones que considere extraordinarias. "Las medidas que anuncié están en firme. No existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país", ratificó el presidente.
Uno de los artículos del estado de excepción faculta a la Presidencia a limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información.
También la faculta a establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional y a disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones, para que actúen en caso de convulsión.
"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo Moreno en su anuncio desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo. "Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", añadió.
El miércoles, el gobierno de Ecuador emitió un nuevo decreto que establece que los precios de los tipos de combustible de mayor consumo se fijarán mensualmente en función de valores internacionales. Para la conformación de los precios definitivos, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero deberá tomar en cuenta el costo promedio del producto y añadir los montos que demanda su transporte, almacenamiento, comercialización e impuestos, además del margen de comercialización.
Los manifestantes aseguran que, después de la aplicación de estas medidas, el galón (3,78 litros) de diésel podría pasar de 1,03 dólares a 2,27 dólares, mientras la gasolina extra, la de mayor consumo, el precio irá 1,85 a 2,30 dólares. En marzo pasado, con necesidades de liquidez, Ecuador llegó a un acuerdo con distintos organismos internacionales para acceder a una línea de crédito por 10.000 millones de dólares, 4.200 millones de los cuales fueron aportados por el FMI. A cambio, el gobierno de Moreno se comprometió a reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo cual deriva en el recorte de subsidios como el que reciben los combustibles. El esquema de subsidios tiene un costo fiscal a la vez que recorta las existencias de combustible para exportar, el principal rubro de ingreso de divisas de Ecuador.
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