La Cámara rechazó nulidades y ordenó que seguir investigaciones sobre un acuerdo de deuda entre la firma y el gobierno.
En lo que parece ser un aggiornamiento de la Justicia a los actuales tiempos electorales, la Cámara Federal porteña avaló ayer la investigación del juez Ariel Lijo en la causa en la que se analizan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional. En la investigación judicial está imputado el presidente Mauricio Macri y los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia no sólo respaldaron la actuación de Lijo sino que le pidieron que determine si hubo una "quita abusiva" de la deuda, tal como estableció oportunamente la fiscal de Cámara Comercial, Gabriela Boquín.
Ayer la Cámara Federal avaló la investigación penal que lleva adelante Lijo y que más preocupa a la gestión de Mauricio Macri. Se trata de la causa por el acuerdo presuntamente espurio entre la empresa de la familia del presidente y el Estado nacional para condonar la deuda concursada del Correo Argentino.
Los camaristas Irurzun y Bruglia rechazaron ayer los pedidos de nulidad que habían hecho tanto los directivos de Correo como el actual ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quienes intervinieron en las negociaciones del cuestionado acuerdo.
El gobierno había llegado a un acuerdo a mediados de 2016 para que el Grupo Macri pague $300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7 por ciento. Pero a fin de ese año la fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional".
En esa ocasión, Boquín calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida para el Estado que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, situación que llegaría a los $ 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
El acuerdo se firmó, pero no se llevó adelante porque Boquín denunció que era abusivo. Ese acuerdo cayó en febrero de 2017, en medio de fuertes polémicas por la aceptación del gobierno de un convenio que perjudicaba al Estado, según planteó la fiscal. Y se inició una causa penal contra Macri y Aguad, entre otros.
Luego, la fiscal fue recusada por la familia Macri y apartada del expediente comercial, aunque a finales del año pasado la Corte Suprema la ratificó en el cargo para que continúe con la investigación.
Sobre la investigación penal que lleva adelante Lijo es que las defensas de funcionarios y representantes de la empresa plantearon nulidades. El juez las rechazó, decisión que ayer fue avalada por la Cámara.
Tras el fallo de Irurzun y Bruglia, el juez Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados a los que ya indagó: el ministro Aguad; el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa; el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
Los cuatro imputados fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una "quita abusiva" en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la administración pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que los imputados "obligaron abusivamente" a la administración pública "con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA".
Por esa razón, los camaristas Irurzun y Bruglia señalaron ayer que dada las versiones contrapuestas que existen en el expediente sobre el monto actual de la deuda se requerirá la "producción de estudios" para contestar los distintos interrogantes.
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