Un veedor judicial prepara el abono de los salarios de los empleados con dinero de la caja que no secuestraron para garantizar el funcionamiento mínimo de la firma. También debe elevar un informe al juez que asuma el control de la causa
Tras el procesamiento de Herme Juárez y parte de su entorno, un veedor judicial avanza con el pago de salarios y analiza si solicita a la Justicia Federal la intervención de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín, cuyo presidente es el histórico sindicalista detenido.
La veeduría tiene un plazo de 15 días y administra los elementos mínimos que no secuestraron los funcionarios de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad de la Nación que participaron de los allanamientos ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El objetivo es cumplir con las obligaciones y garantizar el funcionamiento.
"Todos los elementos aptos para el trabajo, como helicópteros por posibles rescate de trabajadores o autos de carácter operativo –no los de lujo–, como también la plata de la caja, se dejaron", explicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo que están inmovilizadas son cuentas y plazos fijos por 100 millones de dólares.
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