Las autoridades decidieron avanzar en la problemática de las obras irregulares. Advierten sobre el impacto de estas actividades.
La Municipalidad de Victoria estableció la suspensión de toda actividad en la zona de islas entrerrianas de esa jurisdicción, y se intimó a quienes explotan algún sector a presentar en un plazo no mayor a 30 días la documentación habilitante.
De ese modo, el municipio decidió avanzar en la problemática de los terraplenes ilegales, que cada vez son más. El caso más conocido y resonante fue la explotación agrícola de Bema Agri (ubicada en la isla Irupé, en jurisdicción de Victoria y frente a la costa de Villa Constitución), aún en litigio judicial, con fallos a favor del municipio.
El asesor letrado de la Municipalidad, Elías Ruda, advirtió que "en aquellos casos que no se presente la documentación o autorización habilitante para ocupar y explotar el lugar, vamos a derrumbar los terraplenes", aunque aclaró que obviamente ante esa situación requerirán la ayuda del gobierno provincial, por el tipo de maquinarias necesarias.
Ruda explicó que el proceso de intimación se está llevando a cabo a través de la delegación Islas de la Municipalidad de Victoria, en estos días, con un plazo vigente hasta el 10 de julio. Y recordó que hay normas municipales que impiden que en la extensa área de islas del Delta no se puede realizar ningún tipo de actividad económica, a excepción solo de la agropecuaria no intensiva. "Hay nueve terraplenes que se hicieron contrariando la norma. Le dimos tiempo ahora, pero aparentemente algunos podrían tener algún permiso otorgado por la autoridad nacional del enlace Victoria-Rosario", dijo.
Ante la consulta sobre el poder de policía del municipio en el ejido de las islas, el letrado aseveró: "La Municipalidad tiene normas que dicen que ahí no se pueden levantar terraplenes, hacer movimiento de tierras que cambien el curso de las aguas; tampoco se puede hacer actividad agrícola por los fertilizantes y agroquímicos, pero sí la actividad agropecuaria, siempre pidiendo permiso en la Municipalidad".
Grupos ambientalistas advirtieron al municipio de una nueva construcción en unas 250 hectáreas a la altura del kilómetro 44 del puente Rosario-Victoria en la zona del Paranacito. El terraplén "de Baggio" (así se lo conoce), viola lo estipulado por la legislación sin importar los antecedentes.
Otro caso que llamó mucho la atención es el terraplén "De Croato" en la zona del Cerro de la Matanza, donde funciona un feed lot.
Entidades ambientalistas ahora están alzando la voz, ya que el terraplén levantado por este emprendimiento se ubica justo en la desembocadura del arroyo El Ceibo, lugar natural determinante en el desarrollo hídrico de la zona.
Respecto del caso Bema Agri, Ruda indicó que por estos días ya estaría saliendo el fallo del juicio que la empresa extranjera inició al municipio y en el caso de salir un resultado adverso, apelarán a través de una recurso extraordinario ante la Corte Suprema de justicia.
El caso Bema Agri
La explotación agrícola de Bema Agri fue la más emblemática, por su tamaño de 2.500 hectáreas. Oportunamente, la firma holandesa hizo juicio a la Municipalidad de Victoria y se estima que en estas horas el Superior Tribunal de Justicia dirimirá la situación. En esta instancia, el cuerpo sólo revisa la sentencia, lo que recibe el nombre de recurso de inaplicabilidad de ley; viendo específicamente si se contradice con las leyes vigentes provinciales y nacionales y la jurisprudencia del tribunal.
La intervención de capitales chilenos y holandeses para hacer sembradíos de oleaginosas, se inició en 2008. El emprendimiento se montó sin autorización de la comuna. Hay ordenanzas, como la Nº 2.185, que declara "área natural protegida" la zona de islas, y especifica que en esas tierras no se puede cultivar oleaginosas; solo están permitidos cultivos orgánicos. También se establece que no se podrán realizar obras, salvo viviendas para isleños.
Por ordenanza 1.787/08 se prevé que todo "emprendimiento en territorio de las islas del Paraná comprendido en el ejido municipal de la ciudad de Victoria, en lo que respecta a urbanización, construcción y modificación de la topografía del terreno, cursos de agua y prácticas que alteren el ecosistema, quedará supeditado a la opinión del Concejo Deliberante".
Y la ordenanza 2.472 actúa como preservación de las condiciones ambientales al establecer que en el suelo litoral, no está admitida la "agricultura y actividades productivas industriales".
El emprendimiento fue a lo largo de los años varias veces cuestionado desde ese Estado municipal, que notificó en diversas ocasiones a los dueños sobre la imposibilidad legal de llevar adelante actividades agropecuarias en las islas, así como movimientos de tierras que alteren el normal movimiento del río sin la autorización del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Aguas.
En septiembre de 2015 se denunció que la empresa multinacional había cerrado alrededor de 20 mil hectáreas en las islas para sembrar soja. A pesar de las prohibiciones al respecto, no sólo continuaba con esta actividad desde 2008, sino que además estaba construyendo una planta de silos y un galpón de unos 150 metros de largo, sin que medie autorización alguna de la comuna.
Victoria llevó el reclamo legal a la provincia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desestimó la apelación de dos concejales (José Molla y Rodrigo Juárez), quienes en calidad de ciudadanos y a través de un amparo ambiental pedían su intervención para el cese de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación.
Hacia 2009, la Municipalidad notificó formalmente a la empresa sobre la irregularidad de su emprendimiento, pero este siguió creciendo, secando una superficie de casi el doble del damero.
Los magistrados de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Carlos Alberto Chiara Díaz, Claudia Mizawak y Daniel Carubia, consideraron que la Justicia no era la vía de resolución del caso, sino que el propio municipio de Victoria cuenta con las herramientas suficientes para resolverlo. Por ese motivo recomendaron que se vuelva a las vías ordinarias, donde cuentan con un marco amplio de alegación ante el Juzgado Civil y Comercial.
Los expedientes derivaron en el Juzgado de Instrucción local, que consideró que no era la vía adecuada de reclamo, de allí que ambos denunciantes recurrieron al Supremo Tribunal de Justicia, pero sin éxito.
Anulación
En diciembre de 2015 la Cámara Contencioso Administrativa 1 de Paraná anuló lo actuado en la causa iniciada por la empresa extranjera; además, citó a la Fiscalía de Estado como parte necesaria en una controversia sobre aprovechamiento por particulares de recursos públicos naturales.
La firma holandesa también solicitó a la Justicia provincial la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas del municipio que regulan el uso del suelo en la zona de islas.
Si bien reconoció que la Municipalidad y la provincia de Entre Ríos tienen competencia concurrente en materia ambiental, según la Constitución de Entre Ríos, Bema Agri cuestionó que la comuna de Victoria haya exigido una solicitud de permiso para realizar las obras en la isla, que no probó que se hayan afectado intereses locales, y que fuera infundada la orden de restituir la tierra removida a sus niveles naturales.
En junio de 2018 la Justicia falló a favor del municipio de Victoria. Posteriormente los extranjeros hicieron juicio al municipio local, fallo que podría salir en los próximos días.
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