La medida garantiza el inicio de las audiencias. Tras fotocopiar los documentos, el máximo tribunal responderá si hace lugar a los pedidos de la defensa de la expresidenta.
La Corte Suprema de Justicia devolvió al Tribunal Oral Federal 2 la causa original del expediente que investiga el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, y de esta formagarantizó el inicio de las audiencias pautadas para el 21 de mayo.
Los 59 cuerpos de la causa fueron trasladados este viernes desde el Palacio de Justicia hasta los tribunales federales de Comodoro Py. Se extrajeron copias certificadas de los autos principales y se devolvió el expediente físico.
La Corte hizo lugar al pedido de la defensa de Cristina Kirchner para determinar si existieron errores procesales en la causa "Vialidad" y le requirió al TOF 2 el cuerpo principal del expediente. Los abogados de la exmandataria aseguran que de las 51 obras con supuesto sobreprecio, solo se auditaron cinco, por lo que exigen que se haga lo propio con las restantes 46.
En este expediente se acusa a Cristina Kirchner de favorecer al empresario Lázaro Báez en contratos de obra pública: la Justicia determinó que fueron 51 trabajos con sobreprecios y deficiencias constructivas. Entre 2004 y 2015, se realizaron en la provincia de Santa Cruz 88 obras, de las que 52 fueron derivadas a sus empresas por un total de $46.000 millones.
Además de la expresidenta y de Lázaro Báez, serán juzgados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, Santiago Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
El TOF 2 sostuvo que sin el expediente no podía iniciarse el juicio y la polémica estalló. Sin embargo el jueves el máximo tribunal de justicia emitió un comunicado en el que aclaró nunca estuvo en duda el inicio del proceso y que la causa, en papel, se devolvería en "tiempo oportuno".
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaron una resolución en la que se instruyó a su secretario penal para pedir el cuerpo principal de la causa y estudiarlo. El juez Carlos Rosenkrantz, en cambio, decidió no firmar el oficio.
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