Ayer se aprobó la llamada ley Brisa que permite a hijos e hijas de mujeres asesinadas en el marco de violencia de género, recibir una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima. Se extiende a todo el país.
De acuerdo a lo que publicó el diario Página12, la ley, que venía con media sanción del Senado, fue aprobada con algunas objeciones por parte de los legisladores, que sostuvieron que esos reparos pueden ser corregidos con la adecuada reglamentación de la norma. En ese sentido, la diputada Silvia Martínez (UCR) señaló que la ley “habla de violencia intrafamiliar, que es muy amplia y obedece a un paradigma anterior”, pero que esa discrepancia, entre otras que marcó, no podían hacer que la ley volviera al Senado y las víctimas tuvieran que seguir esperando una respuesta por parte del Estado. Y avisó que había un “acuerdo expreso” transversal a los bloques para que esas cuestiones se resuelvan a través de la reglamentación de la ley.
La ley Brisa crea un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes, que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o de género, una reparación económica que será equivalente a una jubilación mínima, que ronda los 8.000 pesos y que comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario. Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactivo al momento de la comisión del crimen.
El espíritu con que fue pensada la ley, impulsada, entre otras organizaciones, por la asociación civil la Casa del Encuentro, apuntaba a reparar a las víctimas colaterales de femicidios, pero esa visión no quedó completamente plasmada en el texto que, ante la urgencia para su aprobación y para evitar que la ley se caiga, fue aprobada con el acuerdo de las bancadas para que las objeciones fueran corregidas con la reglamentación. Otro de los temas que se deberá resolver al reglamentar la ley es la retroactividad de la reparación, que, según sostuvieron algunos legisladores, podrían dar lugar a reclamos de las víctimas colaterales que hayan cumplido los 21 años antes de la sanción de la ley.
La ley llegó al recinto bajo la orden de tratamiento 27-S-17 de ley en revisión Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes de Violencia Intrafamiliar y o de género, que había sido girada a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Presupuesto y Hacienda.
El martes pasado, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, le dio dictamen favorable, con disidencia parcial, luego de que el proyecto recibiera una serie de objeciones de parte de las integrantes de la Comisión.
En ese momento, y como lo reiteró ayer en su exposición, la presidenta de la comisión, Alejandra Martínez sostuvo que a pesar de los reparos “la intención es avanzar, ya que es un imperativo que podamos tener la ley”, quien destacó el trabajo transversal de todos los bloques. En el mismo sentido, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez, quien asistió al encuentro, remarcó que “es indispensable que el Estado repare parte de la vida de estas víctimas colaterales”.
Ayer, la ley que lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014, volvió a poner en el centro del debate la violencia de género, que ha dejado en los últimos años a más de 3.000 niñas y niños huérfanos. Según un informe de la Casa del Encuentro, desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que 2919 hijas e hijos –el 63 por ciento de los cuales eran menores de edad– quedaron sin madre.
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