Nueve fiscales imputaron este lunes a Cristian Nicolás "Pupito" Avalle, preso en Ezeiza, y a 26 presuntos integrantes de su organización que opera en Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Se les atribuyeron cinco asesinatos, siete tentativas de homicidios, extorsiones a un empresario de transporte, a un boliche de Pichincha y balaceras contra sindicatos, una escuela. La acusación se extenderá hasta el próximo jueves por la tarde
Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, una de las presuntas segundas líneas de Los Monos, fue imputado este lunes por nueve fiscales como el líder de una banda delictiva "polirrubro" que está sospechada de cinco asesinatos, siete tentativas de homicidios, atentados a gremios y a Televisión Litoral, extorsiones a un conocido boliche de Pichincha y a un empresario de transporte que está procesado por lavado de activos. Todos los hechos, de acuerdo a los indicios ventilados, tuvieron lugar entre marzo de 2021 y la actualidad en el departamento Rosario. Su jefatura se posa por encima de dos células que trabajan para él: la de Héctor Daniel "Gordo Dani" Noguera y Carlos Alberto Olguin, presos en Piñero y Coronda, respectivamente.
La audiencia tuvo particularidades. Una de ellas es que los imputados son 27 y uno de ellos, "Gordo Dani", no la pudo presenciar porque está siendo juzgado en el mismo Centro de Justicia Penal por crímenes y tentativas de homicidios, delitos idénticos por los que está sospechado también ahora. La otra situación curiosa es que la presunta organización de Avalle, según explicó el cuerpo de fiscales, atentó contra sedes gremiales con el objetivo de que les entreguen el negocio de la distribución de viandas o de transporte hacia los destinos turísticos que tenían para sus afiliados.
A la acusación se llegó por una tarea coordinada entre los fiscales Valeria Haurigot y Franco Carbone (Unidad de Balaceras), Patricio Saldutti, Adrián Spelta, Gisela Paolicelli, Ademar Bianchini, Alejandro Ferlazzo, Gastón Ávila (de Homicidios) y Viviana O’Connell (de Investigación y Juicio N° 4). Por la cantidad de evidencia que tienen los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación, la cantidad de imputados y sus respectivos defensores particulares y públicos, se calcula que las audiencias se realizarán hasta el jueves en jornadas de doble turno.
Para dimensionar el volumen de delitos perpetrados por la presunta organización, los fiscales repasaron ante el juez Nicolás Foppiani parte de los 47 hechos que atribuirán a lo largo de las audiencias. Un cuarto de esa cifra son nada más y nada menos que balaceras fatales y con personas heridas. Algunos de esos ataques, de acuerdo a los indicios ventilados, fueron perpetrados en un contexto de extorsiones.
A la hora de explicar el funcionamiento de la presunta estructura, los fiscales ponderaron que el jefe máximo es Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, quien digita la mayoría de los delitos a través de celulares o del teléfono fijo del pabellón de Ezeiza, donde está detenido. Debajo de él se ubican Héctor Daniel Noguera, alias “Gordo Dani”, y Carlos Alberto Olguin, que lideran sus propias células, consideradas “ramificaciones” de la banda de Avalle.
En el inicio de la acusación, la jefa de la unidad fiscal de Balaceras Valeria Haurigot explicó que la investigación comenzó en marzo de 2021 por una extorsión realizada por la presunta banda de Avalle contra el local “Burguer House” de Villa Gobernador Gálvez. El dueño de ese negocio, por las intimidaciones y una balacera, empezó a pagar los 21 de cada mes la suma de 200 mil pesos, hasta el 21 de mayo pasado, fecha en la que Olguin intentó “mejicanearle” la mensualidad a su jefe “Pupito”.
Según explicaron los fiscales O’Connell y Spelta, Olguin mandó a su gente a decirle al comerciante que desde mayo, los 200 mil pesos se los debía abonar a su presunta banda y ya no a la pareja de Avalle, quien iba todos los meses a retirar la plata. Como el titular de “Burguer House” se negó a pagar más dinero en extorsiones o a cambiar de destinatario (ya que desconocía quién era el nuevo), Olguin planificó una balacera contra el local, que fue cometida desde una camioneta blanca. Algunos de esos disparos dieron en la cabeza y mataron a Hugo Orlando Villán, uno de los cadetes de la hamburguesería que había ido a retirar un pedido para trasladarlo a un domicilio.
Entre los homicidios atribuidos a la presunta organización está también el de Ariel Lisandro “Nico” Leguizamón, un joven al que confundieron con su primo, a quien habían intentado matar sin éxito (lo habían herido en su pierna izquierda) por salir con la pareja de Olguin. Cuando fueron a buscarlo de nuevo para asesinarlo directamente atacaron a Ariel, que también tenía un yeso en la pierna izquierda producto de un siniestro vial y que vivía en el mismo pasillo que su familiar.
En la audiencia de este lunes también se imputaron a distintos miembros de la presunta estructura delictiva por múltiples extorsiones y ataques a tiros, algunos de ellos a locales gastronómicos y otros a personas a las que les hacían inteligencia y sabían que tenían buen nivel de facturación a través de sus empresas.
Se prevé que este martes la acusación seguirá con la explicación de cómo intimidaron al Sindicato de la Carne, Camioneros, la Uocra (sede Rosario y ciudad de Santa Fe) con la idea de obligarlos a cederles la distribución de viandas y de transporte hacia los destinos turísticos que tenían para los afiliados.
Desarrollado por Rodrigo Guidetti
